MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) –
Los Servicios de Información españoles han comenzado a desplegar una estrategia para impedir que ETA salga de su actual debilidad operativa a través de la movilización de veteranos miembros de la organización terrorista que residen en Latinoamérica.
Venezuela cuenta con una colonia de unas cuarenta personas vinculadas a ETA, la mayor parte huidos de la Justicia y, por tanto, el colectivo más susceptible de ser repescado para la actividad operativa, informaron a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.
La suma de miembros de ETA en países latinoamericanos roza en la actualidad el centenar. Durante los últimos años se viene produciendo un trasvase de militantes de la banda de México a Venezuela, en un proceso que se aceleró a partir de 2006 con motivo de la extradición de seis terroristas que participaban desde el país azteca en la trama financiera de la organización, y que aún dura.
El colectivo de huidos, a diferencia de los deportados, percibió que México ya no era un país seguro para huir de la Justicia española y muchos de ellos pusieron rumbo a Venezuela, al calor de la ambigüedad que ha mostrado el régimen de Hugo Chávez con la banda. Aunque en México sigue siendo el país con más etarras, unos 45 frente a los ochenta que había en 2004, la Policía española ve un mayor riesgo de movilización entre los huidos que residen en Venezuela, donde la colaboración de las autoridades dista mucho de ser la adecuada para controlar al grupo de etarras, según las fuentes consultadas.
La postura ‘chavista’ respecto a ETA provocó un conflicto con España a finales de 2006, cuando se conoció que el Gobierno venezolano iba a conceder la nacionalidad a cuatro etarras –Lorenzo Ayestarán, Ángel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa–, todos ellos con delitos de sangre, para evitar su extradición a España. El Gobierno español se quejó formalmente y evitó esta medida y otra de las autoridades venezolanas, que pretendían indemnizar con más de 300.000 euros a dos etarras que habían sido extraditados años antes.
Completan la colonia latinoamericana una decena de etarras residentes en Cuba, el grupo que menos variaciones ha sufrido desde que llegaron deportados siete miembros de la banda como consecuencia de un acuerdo entre el Gobierno de Felipe González y el de Fidel Castro en 1984. Además, hay una presencia «testimonial» de etarras en Nicaragua, Panamá y Uruguay.