Informe 2010 de la CIDH de la OEA – El gobierno venezolano sigue vulnerando los Derechos Humanos

Un año más el gobierno venezolano ha salido muy mal parado en el informe anual emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Es de hacer notar, que la Organización de Estados Americanos (OEA) viene solicitando desde el año 2003 – hace ocho años – la autorización para que un grupo de observadores de dicho ente, visite Venezuela y pueda constatar “in situ” lo relacionado con el funcionamiento de las instituciones venezolanas en relación al tema de los Derechos Humanos y libertades ciudadanas. En todas las ocasiones el régimen encabezado por Hugo Chávez, se ha negado a permitir la presencia de funcionarios de la OEA en suelo venezolano.

¿Qué esconde Hugo Chávez? ¿Por qué se niega el acceso a Venezuela a un ente supranacional como la OEA? ¿Cual es la preocupación del régimen chavista respecto a una visita de este tipo? ¿Será que la “revolución bonita” del comandante golpista no es tan agraciada como él la presenta?

A continuación publicamos las recomendaciones propuestas al gobierno venezolano en el informe citado, el cual consta de sesenta y siete páginas en su capítulo relativo a Venezuela. En el mismo se encuentran muchas de las claves que responden a las interrogantes antes planteadas.

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2010 – ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

610.    La última visita de la Comisión a Venezuela se llevó a cabo en mayo de 2002, luego del quiebre institucional que tuvo lugar en abril del mismo año. A partir de esa visita, en diciembre de 2003 la Comisión publicó el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela en el que emitió una serie de recomendaciones. Desde entonces, a fin de dar seguimiento a sus recomendaciones, así como de recabar información de primera mano sobre la situación actual de los derechos humanos en Venezuela, la Comisión ha realizado una serie de gestiones para solicitar al Estado su anuencia para realizar una visita de observación. Hasta la fecha, el Estado se ha negado a permitir una visita de la CIDH a Venezuela, lo cual no sólo afecta las facultades asignadas a la Comisión como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que además debilita gravemente el sistema de protección creado por los Estados Miembros de la Organización.

612.    En su informe de 2009, la Comisión analizó con preocupación la situación de la libertad de pensamiento y expresión en Venezuela; consideró que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana; abordó los serios obstáculos que los defensores de derechos humanos enfrentan en el ejercicio de su labor; señaló que entre los aspectos de mayor preocupación en relación con los derechos humanos en Venezuela se encuentra la situación de inseguridad ciudadana; consideró que la falta de demarcación de las tierras ancestrales indígenas por parte del Estado ha creado conflictos vinculados con la propiedad de la tierra, los cuales se han cobrado víctimas entre los pueblos indígenas; y continuó su seguimiento a la alarmante situación de violencia en las cárceles venezolanas

IV.    RECOMENDACIONES

836.    La Comisión reitera tanto las recomendaciones específicas contenidas en los distintos capítulos del Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela como sus recomendaciones finales, las que siguen a continuación :

1.    Garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos a todas las personas, independientemente de su posición frente a las políticas del gobierno y adoptar las medidas necesarias para promover la tolerancia y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos.

2.    Abstenerse de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política y garantizar la pluralidad de espacios para el ejercicio democrático, incluyendo el respeto a las movilizaciones y protestas  que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica.

3.    Garantizar de manera efectiva la separación e independencia de los poderes públicos y, en particular, adoptar medidas urgentes para asegurar la independencia del poder judicial, fortaleciendo los procedimientos de nombramiento y remoción de jueces y fiscales, afirmando su estabilidad en el cargo y eliminando la situación de provisionalidad en que se encuentra la gran mayoría de jueces y fiscales.

4.    Adoptar las medidas que sean necesarias para proteger la vida y la integridad personal de todas las personas, así como también las medidas específicas necesarias para proteger a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad y la población LGTBI. Asimismo, fortalecer la capacidad institucional de las instancias judiciales para combatir el patrón de impunidad en los casos de violencia y garantizar la debida diligencia y efectividad en las investigaciones relativas a estos hechos.

5.    Adoptar medidas urgentes encaminadas a desmantelar a los grupos civiles armados que funcionan fuera de la ley y sancionar las acciones ilícitas de estos grupos para prevenir que hechos de violencia se repitan en el futuro.

6.    Mantener desde las más altas instancias estatales la condena pública de los actos de violencia contra los comunicadores sociales, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, sindicalistas y disidentes políticos, con el fin de prevenir acciones que fomenten crímenes en su contra, y de evitar que se siga desarrollando un clima de estigmatización hacia quienes defienden una línea crítica de las acciones del gobierno.

7.    Propiciar un clima de tolerancia en el cual se favorezca la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad, así como diseñar instituciones que promuevan y no que inhiban o dificulten la deliberación pública.

8.    Garantizar las condiciones para que los defensores de derechos humanos y de derechos sindicales realicen libremente sus actividades, y abstenerse de realizar cualquier acción y de adoptar legislación que limite u obstaculice su trabajo.

9.    Disponer de las medidas necesarias para que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso pleno a una adecuada protección judicial y adoptar los mecanismos legales, judiciales y de otra índole necesarios para investigar, sancionar y reparar las denuncias por violencia contra la mujer en Venezuela.

10.    Adoptar medidas urgentes para dar cumplimiento a la obligación del Estado de demarcar y delimitar las tierras ancestrales de los pueblos indígenas venezolanos, estableciendo procedimientos adecuados y efectivos para tales actos, así como también para titular efectivamente las tierras a favor de los pueblos correspondientes.

11.    Adoptar, con carácter urgente, las medidas necesarias para corregir el retardo procesal y revertir el alto porcentaje de personas que se encuentran privadas de su libertad sin una condena firme, evitando el uso desmedido, innecesario y desproporcionado de la prisión preventiva. Asimismo, implementar las medidas tendientes a reducir la sobrepoblación carcelaria y ajustar las condiciones de detención a los estándares internacionales sobre la materia, en particular asegurando la seguridad interna en las prisiones, el control efectivo de las armas al interior de los penales, la adecuada separación de las personas privadas de libertad conforme a las categorías y criterios establecidos los en Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, y prohibiendo la ocupación de los establecimientos por encima del número de plazas disponibles.

12.    Intensificar los esfuerzos para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales y garantizar que ello no implique menoscabar otros derechos fundamentales de la población. Asimismo, adoptar políticas públicas que permitan la continuidad a largo plazo de los esfuerzos destinados a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, asegurando que el goce pleno de estos derechos no dependa de la voluntad de uno u otro gobierno.

13.    Implementar las leyes y mecanismos necesarios para que la ciudadanía pueda acceder de manera fácil y efectiva a la información pública y para facilitar su amplio conocimiento sobre la gestión de los diversos órganos del Estado.

14.    Adecuar la legislación interna conforme a los parámetros establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, tomando en cuenta las recomendaciones relativas a normas específicas que han sido analizadas por la Comisión en el presente Informe, incluyendo las leyes apropadas por la Asamblea Nacional en diciembre de 2010.

15.    Completar la ratificación del Protocolo de San Salvador.

837.    Finalmente, tal como se señaló en el Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la CIDH insta al Estado a cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas al ratificar la Convención Americana, reitera su interés en realizar una visita a Venezuela y ofrece su colaboración y asesoría al Estado venezolano, dentro del marco de sus atribuciones, a efectos de adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus recomendaciones.

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Una respuesta a “Informe 2010 de la CIDH de la OEA – El gobierno venezolano sigue vulnerando los Derechos Humanos

  1. este es un pedacito del informe de cidh de 1989, venezuela. para que las personas puedan ver un histórico de los informes y se hagan ellos mismos una idea.

    II. HECHOS DENUNCIADOS

    De acuerdo con la información proporcionada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los hechos ocurridos serían los siguientes:

    A. LOS SUCESOS DE FEBRERO Y MARZO DE 1989: ACTOS DE VIOLENCIA Y SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

    20. El día 27 de febrero de 1989, un número indeterminado de personas provenientes de los estratos populares, quienes residen en las zonas marginales de los sectores urbanos del país, iniciaron una serie de acciones de violencia en la ciudad de Guarenas, Estado Miranda, como consecuencia del aumento de las tarifas de transporte urbano y de la falta de reconocimiento del pasaje preferencial estudiantil por parte del Poder Ejecutivo. La protesta popular se propagó a otras zonas del área metropolitana de Caracas, como Caricuao, La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisime­to, Guayana, Mérida, y las zonas adyacentes al terminal de transportes. Los actos de violencia consistieron en la quema de vehículos destinados al transporte urbano, saqueo y destrucción de locales comerciales.

    21. A raíz de los hechos de violencia, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto No. 49 de fecha 28 de febrero de 1989, mediante el cual ordenó la suspensión de las siguientes garantías constitucionales: artículo 60 (1), (2), (6) y (10), relativo a la libertad individual; artículo 62, inviolabilidad de domicilio; artículo 64, libertad de tránsito; artículo 66, libertad de expresión; artículo 71, derecho a reunión; y el artículo 115, derecho a manifesta­ción pacífica. El texto del mencionado decreto señalaba “que en el curso de las últimas horas se han producido en Caracas y en otras ciudades del país una serie de hechos que configuran graves alteraciones del orden público y han ocasionado zozobra en la colectividad”.[2] Las garantías constitucionales suspendidas fueron restablecidas el 22 de marzo de 1989.

    22. Durante este período de excepción, los órganos de seguridad del Estado conjuntamente con la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y el Ejército, realizaron una serie de operativos tendientes a reprimir los actos de violencia. Los sectores de la capital más afectados fueron: Petare, Catia, El Valle, y la zona de la urbanización de interés social “23 de Enero”. Según la cifra oficial, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 277 muertos, numerosos heridos y cuantiosas pérdidas materiales. No obstante la lista oficial, el número de víctimas quedó desvirtuado por la posterior aparición de fosas comunes.

    B. MUERTE DE ELEAZAR RAMÓN MAVARES

    23. Dentro de ese contexto político-social, Eleazar Ramón Mavares, de 18 años de edad, estudiante y destacado deportista –karateca de reconocido prestigio nacional–, fue asesinado –según testigos presenciales de los hechos– por efectivos de la Policía Metropolitana del Distrito Federal el día viernes 3 de marzo de 1989, a las 2:30 p.m. aproximadamente. El joven Ramón Mavares se encontraba conversando con un grupo de personas en el Barrio “Alberto Rabell”, Puente Miraflores, ciudad de Caracas, cuando un soldado que se encontraba en las inmediaciones del lugar les ordenó correr mediante un disparo al aire. Dichas personas se dispersaron e ingresaron a diferentes casas, siendo en dichas circunstancias que Ramón Mavares fue interceptado por un efectivo militar quien –mediante la voz de alto– le ordenó detenerse, ponerse las manos en la cabeza y tirarse al piso. Según dichos testimonios, Ramón Mavares fue herido de bala en sus extremidades inferiores por el mencionado efectivo militar, quien posteriormente siguió su camino. En dichas circunstancias, efectivos de la Policía Metropolitana llegaron al lugar donde se encontraba la víctima y le solicitaron sus documentos de identidad, y una vez que comprobaron que los mismos se encontraban en regla, le ordenaron correr, pero al ver que Ramón Mavares no podía levantarse por las heridas de bala en la pierna, lo remataron en el suelo.

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