El derecho legítimo y moral a la protesta pacifica y espontánea.

Cuando no existen instancias gubernamentales que regulen las denuncias, reclamos y descontento de la ciudadanía o existen teóricamente pero no a efectos prácticos puesto que no cumplen su función, o cuando esas instancias se deben a intereses políticos/económicos y son altamente corruptos, la protesta o manifestación pacífica y espontánea es un Derecho. Es una reacción natural que los Seres Humanos tenemos, no solo como mecanismo de desahogo y expresión de la indignación, si no como recurso para reclamar un cambio y exigir justicia, especialmente ante situaciones que violentan el bienestar e integridad de la persona. Como es el caso de los principales reclamos de la sociedad civil venezolana, que desde hace más de dos meses protesta en las calles: seguridad, acceso a alimentos y medicamentos.

La protesta pacífica y espontánea es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en Venezuela la propia Constitución Nacional así lo establece, apegados al espíritu libertario y de justicia a lo largo de su historia. Pero más allá del papel que a veces es mojado a conveniencia, como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo hizo el día de ayer: dictando un fallo que exige un permiso de la alcaldía correspondiente para realizar manifestaciones, es un derecho moral y una libertad individual que no puede ser limitada bajo preceptos legales. Menos aun, de parte de uno de los propios organismos gubernamental que es el responsable del descontento de la ciudadanía, ya que durante años no ha velado por su bienestar e integridad, ha sido pasivo ante el grave aumento de la inseguridad, no ha aportando soluciones, no ha actuado en la prevención de la criminalidad y menos aun, ha brindado justicia a las miles de familias que han perdido seres queridos víctimas de la lacra de la criminalidad. Tampoco es un departamento que sea políticamente independiente, al contrario, es uno de los principales brazos de acción del oficialismo, junto con algunos alcaldes y alcaldesas adeptos al oficialismo, que al igual que en el proceso electoral presidencial, fueron escogidos de forma fraudulenta o puestos a dedo por el gobierno.

Por todo ello ¿Cómo las instituciones gubernamentales responsables del descontento y que han hecho oído sordos hasta el momento, pueden exigir un permiso a la ciudadanía para que protesten en contra de ellos? ¿Cómo los gobiernos de esas alcaldías que junto con la Guardia Nacional Bolivariana han reprimido fuertemente a los manifestantes (causado más de 40 muertos, cientos de heridos, miles de detenidos y desaparecidos) pueden pretender tener credibilidad y objetividad? ¿Qué posibilidad real hay de que sea dado un permiso de protesta? ¿También le exigirán permiso al oficialismo cuando quieran hacer sus contramarchas? ¿Cómo se revoca un derecho establecido en la constitución y que históricamente demuestra el carácter libertario y de respeto de la sociedad venezolana?. Preguntas y más preguntas que no tienen una respuesta satisfactoria e imparcial en el actual contexto que vive el país, no vale el alegato de que es por la protección de los propios manifestantes, puesto que los principales riesgos vienen de las fuerzas del gobierno y grupos armados adeptos a él. Tampoco el argumento de preservar el orden cívico, puesto que desde hace años muchas ciudades, principalmente las que más muestran su descontento, están sumidas en caos producto del mal estado de calles, carreteras, infraestructura, deficiencia del transporte público, los cortes eléctricos y sobre todo la inseguridad, que a todas horas está presente en la vida y desenvolvimiento de las personas en Venezuela.

Por lo tanto, el único argumento comprensible del gobierno para este fallo dictado es: limitar la libertad de expresión de los ciudadanos y tener una ley que le permita reprimir las protestas pacificas y espontáneas de la sociedad civil. Lo cual a su vez incrementa el descontento e indignación de la ciudadanía, que se mantendrá más firme en su desobediencia civil y legitima (Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos). A la vez que deja más en evidencia el desinterés por atender las causas del descontento de la ciudadanía y plantear un dialogo real con voluntad de solventar los problemas.

Desde Europa, esta decisión del TSJ tampoco puede ser analizada bajo los mismos parámetros sociales, cívicos y políticos con los cuales muchos países contemplan la protesta o manifestación pacífica, como un recurso de la ciudadanía mediante un permiso dado por el gobierno local. Sencillamente porque Venezuela no forma parte de Europa y su historia, configuración social, política y cívica es diferente, aunque obviamente cuente con estructuras similares. Sumado al hecho de que las instituciones venezolanas en estos momentos, no cuentan con una separación de los poderes, están desprestigiadas y no poseen mecanismos confiables que velen por el respecto de los Derechos Humanos.

Ira Nahomi.

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