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Impunidad ¿Política de Estado en Venezuela?

La situación existente en Venezuela en relación a los Derechos Humanos es realmente dramática. En ese país además de haberse multiplicado los niveles de delincuencia, las instituciones estatales encargadas de impartir justicia omiten sus obligaciones e incluso eluden dictámenes emanados desde organizaciones internacionales – como la ONU o la OEA – que son de obligado cumplimiento en base a los convenios suscritos por el estado venezolano.

Entre esos casos de flagrante violación de los Derechos Humanos en Venezuela por parte del gobierno se encuentra el de la familia Barrios, quienes hasta la fecha han perdido a diez de sus integrantes a manos de grupos de ajusticiamiento presuntamente relacionados con cuerpos policiales venezolanos.La gravísima situación de la familia Barrios venezolana ha llevado a Amnistía Internacional (AI) a iniciar una acción urgente como medida de presión hacia el gobierno de Venezuela, en vista de que los asesinatos de estas diez personas siguen sin ser investigadas.

Al respecto la reconocida organización a nivel mundial en el ámbito de los DD HH ha publicado:

“Diez miembros de la familia Barrios, del estado venezolano de Aragua, han sido asesinados desde 1998, al

parecer por agentes de policía. Otros miembros de la familia han sufrido diversas formas de intimidación, hostigamiento, amenazas y ataques de la policía. Los miembros que han sobrevivido corren peligro de sufrir represalias por sus intentos de obtener justicia por estos delitos. La familia Barrios cree que las amenazas y la intimidación son debidas a sus constantes demandas de justicia, medidas de protección efectiva y reparación por las graves violaciones de derechos humanos que han sufrido.

Según la información disponible, apenas ha habido progresos en las investigaciones y enjuiciamientos de estos asesinatos: la mayoría se encuentran en las primeras etapas de la investigación o el enjuiciamiento, uno se ha archivado, y sólo en el caso de Narciso Barrios se ha declarado culpables a dos policías de su asesinato. No se tiene noticia de que se hayan investigado las denuncias de la familia sobre las amenazas de muerte y la intimidación por parte de agentes de la policía estatal.

El caso se presentó al sistema interamericano de derechos humanos en 2004. Ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó la primera orden de medidas de protección, que vino seguida por otras órdenes similares dictadas por la Corte Interamericana. En noviembre de 2011, la Corte Interamericana concluyó que el Estado de Venezuela había violado el derecho a la vida, la integridad física y la libertad de varios miembros de la familia Barrios y falló que Venezuela debía proporcionar a la familia medidas de protección eficaces, llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales, poner a los responsables en manos de la justicia y otorgar a los afectados indemnización económica y otras medidas de reparación (como educación y atención médica).”

También se ha editado un video donde una de las integrantes de la familia afectada, Eloísa Barrios, explica la dantesca situación que les afecta y detallas los asesinatos cometidos contra sus parientes.

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