DECLARACIÓN DE BARCELONA DE ALIANZA POR LA LIBERTAD

El pasado domingo 27 de mayo, a las puertas del Consulado de Venezuela en Barcelona (España), como ya comenté en otro Post nos reunimos en solidaridad con RCTV y la libertad de expresión en Venezuela un numeroso grupo de venezolanos. A continuación copio la Declaración de Barcelona, leída por el presidente de la Asociación Civil Alianza por la Libertad y apoyada por todos los presentes.

“DECLARACIÓN DE BARCELONA DE ALIANZA POR LA LIBERTAD

27 de mayo de 2007

DECLARACIÓN DE REPUDIO Y CONDENA A LA ANIQUILACIÓN DE LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA

PREÁMBULO

Nosotros, Venezolanos todos, de nacimiento, origen o corazón, y radicados en Cataluña, estamos aquí reunidos en Barcelona, el día de hoy, 27 de mayo de 2007, ante las puertas del Consulado de la República de Venezuela, para examinar y condenar los acontecimientos relacionados con las amenazas y/o violaciones a la Libertad de Opinión y Expresión cometidas y promovidas desde Instancias Oficiales y Gubernamentales Venezolanas.

CONSIDERANDOS

CONSIDERANDO que la Libertad de Opinión y de Expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación , La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en otros instrumentos internacionales y en el artículo 57 de la Constitución Nacional de Venezuela, que reza:

“Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.

Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades.”

CONSIDERANDO que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de Las Naciones Unidas (ONU), el 10 de diciembre de 1948, en su Artículo 19 establece que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

CONSIDERANDO que la Libertad de Opinión y de Expresión, así como las Libertades Básicas, establecidas en la antes citada Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Justicia y la Paz , tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos.

CONSIDERANDO que la Libertad de Opinión y de Expresión es un pilar fundamental e indispensable para la consolidación y desarrollo de la Democracia.

CONSIDERANDO que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada en octubre del año 2000, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estable en su apartado primero que: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.”

CONVENCIDOS que al obstaculizar el libre debate de ideas y opiniones y al impedir el derecho a informar y ser informado, no sólo se limita o coacciona la Libertad de Opinión y de Expresión, sino que, por encima de ello, también se obstaculiza o impide el efectivo desarrollo de la Democracia como tal.

CONVENCIDOS que el desconocimiento, el menosprecio y la violación de la Libertad de Opinión y de Expresión son un síntoma muy claro del totalitarismo, en todas sus formas y expresiones, y por tanto de la degradación de la dignidad humana.

CONVENCIDOS que al garantizar el derecho a informar y ser informado se alcanza una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas.

CONVENCIDOS que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la Libertad de Opinión y de Expresión, así como un instrumento fundamental e indispensable para el funcionamiento y la consolidación de la Democracia , mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.

CONVENCIDOS que la Libertad de Opinión y de Expresión no es un gesto de buena voluntad o una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental, y por tanto inalienable, inquebrantable y no negociable.

CONVENCIDOS que, tal y como se establece en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.”

PROCLAMAMOS

1- Que las violaciones a los Derechos Humanos, y específicamente las violaciones contra la Libertad de Opinión y de Expresión han sido una constante del Régimen de Hugo Chávez Frías.

2- Que, por tanto, el cierre arbitrario, abusivo, ilegal e inconstitucional de una canal de televisión, de alcance nacional, del prestigio y antigüedad como es el caso de Radio Caracas Televisión, no es un hecho aislado, sino una consecuencia de un proceso de decadencia y deterioro progresivo del Estado de Derecho, de las Libertades Básicas, de los Valores y Principios (tradicionalmente) Democráticos y de la Democracia como tal en Venezuela.

3- Que el primer método utilizado por Hugo Chávez Frías, con el cual se inicia el proceso de deterioro del Sistema Democrático en Venezuela, es la elección en 1999 de una Asamblea Constituyente que se autodefine de “naturaleza originaria y como un poder extra y supraconstitucional”, cuyo objetivo verdadero no es el de cambiar la Constitución Nacional , sino el de disolver los Poderes Públicos del Estado, mediante un simple cambio de nombre de estos (Congreso Nacional por Asamblea Nacional; Corte Suprema de Justicia por Tribunal Supremo de Justicia; Consejo Supremo Electoral por Consejo Nacional Electoral), y el de crear y designar “a dedo” unos Nuevos Poderes Públicos dominados íntegramente por Hugo Chávez Frias, distorsionando y quebrantando de esta manera el principio fundamental de Separación e Independencia de los Poderes Públicos del Estado, y convirtiéndose el Gobierno Nacional (originalmente legítimamente elegido en 1998) en un Régimen de características Totalitarias.

4- Que la consecuencia directa de la pérdida de la Separación e Independencia de los Poderes Públicos es el lógico desvanecimiento del Estado Derecho, con la consecuente perdida de la independencia e imparcialidad de la justicia, recurso imprescindible para tener el derecho universal dirimir cualquier acusación ante los juzgados correspondientes, con el indispensable derecho a la defensa y a ser considerado inocente antes de que se demuestre lo contrario. Derechos que le han sido arbitrariamente negados a RCTV, sin que haya ninguna acusación en su contra en ningún tribunal del país por los hechos que le imputa el régimen y que “supuestamente” legitiman la medida de cierre del canal.

5- Que otra de las consecuencias directas de la pérdida de la Separación e Independencia de los Poderes Públicos – seguramente la más grave por sus implicaciones – es la eliminación de la independencia e imparcialidad del Juez Electoral y con ello el supremo derecho constitucional “a elegir y ser elegido”, fundamental principio democrático y último recurso del ciudadano de a pie para cambiar el estado de cosas y no verse “compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.”

6- Que el segundo método, con el cual el régimen prosigue con el proceso de deterioro paulatino del Sistema Democrático en Venezuela, y específicamente el de la Libertad de Opinión y de Expresión, es la aprobación, en diciembre del año 2004 (Gaceta Oficial Número 38.081 del 07-12-04), por parte de la Asamblea Nacional , y por presión directa del Ejecutivo, de la llamada Ley Mordaza – o Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión – mediante la cual el régimen ha pretendido ejercer un control de censura (o provocando auto-censura) sobre los medios audiovisuales determinando lo que es y lo que no es, un concepto tan ambiguo y peligroso como el de: “información veraz”. Lo cual equivale a controlar la información transmitida por los medios audiovisuales mediante: “ la Mentira ”.

7- Que el tercer método utilizado por el régimen para coaccionar la Libertad de Opinión y de Expresión es la represión física, verbal y psicológica contra los medios, periodistas, reporteros y trabajadores en general de los medios de comunicación independientes (causando daños materiales y humanos considerables e irreparables). Utilizando este sistema el régimen intenta controlar la información y en definitiva censurar (o provocar auto-censura) en los medios aplicando técnicas de Terrorismo de Estado con la intención de amedrentar a los comunicadores sociales mediante: “el Miedo”.

8- Que al no haber obtenido el resultado deseado con los métodos hasta ahora aplicados, el cuarto método que está siendo utilizado por el régimen para controlar definitivamente a los medios de comunicación es la intervención total y directa del Estado en el control de dichos medios. Mediante la compra directa o indirecta (Venevisión, Televen, PumaTV, ViveTV, TeleSur, etc), o mediante el cierre y la expropiación de los bienes y equipos de los medios que se resistan o mantengan líneas editoriales o informativas no parcializadas con el régimen (caso RCTV, y la amenaza de repetirlo con Globovisión).

9- Que el cierre arbitrario, abusivo, ilegal e inconstitucional de RCTV no sólo incumple la legislación local, sino también la legislación e instrumentos Internacionales, tales como tratados, convenciones y declaraciones que estén suscritos por el Estado Venezolano, que determinan que no se puede restringir la Libertad de Opinión y de Expresión por vías o medios directos o indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres o aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

10-Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, las constantes amenazas y/o violaciones a los Derechos Humanos, a las Libertades Básicas y, en este caso, a la Libertad de Opinión y de Expresión cometidas y promovidas desde Instancias Oficiales y Gubernamentales Venezolanas son hechos punibles de suma gravedad, por los cuales se han de abrir las investigaciones pertinentes en los tribunales e instituciones correspondientes tanto a nivel Nacional como Internacional. Por lo que Alianza por la Libertad se compromete, para con el pueblo venezolano, a adelantar gestiones en tal sentido con el objetivo de defender y rescatar la Libertad , la Justicia , la Paz y la Democracia.

11-Que tal como lo dispone el aparatado 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada en octubre del año 2000, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),:

“La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.”

12- Que, por todo lo anteriormente expuesto, Alianza por la Libertad y sus organizaciones aliadas, suscriben la presente Declaración de Repudio y Condena a la Aniquilación de la Libertad de Opinión y de Expresión en Venezuela.

Se adhieren y firman la presente Declaración:

ALIANZA POR LA LIBERTAD

FUERZA Solidaria / España

RECIVEX / Barcelona”

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