El 21 de octubre en la ciudad de Ginebra, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU, realizó el examen periódico sobre los informes presentados por Venezuela. En una sesión donde las expertas del Comité realizaron una serie de preguntas a la delegación venezolana, que entre otras cosas, pretendían comprender como podían dar datos positivos “si no existen cifras precisas ni fuentes de verificación”, según lo indicó la paraguaya Olindia Barreiro, así como la eslovena Violeta Neubauer, “parece que no hay ningún monitoreo o mecanismo que regulé la información que dan… y Venezuela no participa en ninguno de los estudios internacionales del Comité”.
El tono de las preguntas realizadas por las expertas comenzó siendo conciliador y reconocieron los avances verificables que el gobierno ha hecho (aunque no correspondían al período que se estaba evaluando, si no a períodos anteriores donde se adoptaron leyes como el del lenguaje no sexista aplicado en la propia constitución nacional y leyes que eliminan algunos estereotipos sexistas) pero a medida que la delegación venezolana no respondía a las preguntas, si no se limitaba a mencionar las misiones que desarrollan y los planes que están en proyecto, el tono de las expertas se fue haciendo crítico y tajante. Como Neubauer lo expresó en lo referente al aumento de la participación de las mujeres indígenas en la política: “no me parece que sus resultados sean muy sostenibles” y “no pueden decir que los porcentajes de mujeres en cargos de decisiones han aumento, cuando de 27 ministerios solo 4 son presididos por mujeres”.
Barreiro preguntó “¿cómo a quince años de la reforma de la Constitución de 1999, persisten leyes y normas discriminatorias muy claras tanto en lo civil, lo penal y lo laboral?, como la ley del adulterio, que trata de forma distinta si quien lo comete es el hombre o la mujer, “para los hombres sólo existe adulterio si la relación sexual con otra persona se realiza en múltiples ocasiones, mientras para la mujer, sólo se precisa una vez para que sea declarada adúltera”. También la ley que exculpa a un violador si se casa con su víctima y la edad mínima para casarse, que se establece en 16 años, cuando lo recomendado por muchos organismos de la ONU son 18 años. Estas leyes, más otras que fueron mencionadas por las expertas, son discriminatorias y permiten que la violencia física y psicológica contra la mujer se mantenga durante toda la vida.
La misión venezolana encabezada por la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Andreina Tarazón, tuvo la intención de responder algunas preguntas, pero sus argumentos se desviaron por otros temas y la mayoría de preguntas recayó en la jueza del Tribunal Supremo de Justicia, Carme Zuleta de Merchán, quien la mayoría de veces no pudo dar respuestas claras, concretas y en algunos casos generó más preguntas, como las que surgieron entorno a la ley de adulterio y la exculpación de un violador, cuando señaló: “esas normas en realidad no se aplican, porque aunque algunas persisten, se interpretan judicialmente de forma distinta”. Entonces ¿por qué no se derogan esas leyes?, ¿qué interpretación pueden hacer jueces que no cuentan con la formación necesaria y no poseen sensibilidad en el tema? y ¿hay un seguimiento sobre esas decisiones para afirmar que no se cumplen?.
El tema que sin duda fue el centro de múltiples preguntas por parte de las expertas, fue el de las “medidas especiales temporales para proteger a la mujer”, ya que Venezuela en su informe e intervención, aseguró que planes como Mamá Rosa o Argelia Laya, respondían a medidas especiales. Sin embargo, varias expertas aseguraron que según sus fuentes paralelas y fidedignas, esos planes no están enfocados y dirigidos exclusivamente a la atención de las mujeres víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad, “esos planes forman parte de políticas civiles” como lo señaló Barreiro. Por lo tanto, no se pueden considerar como medidas especiales y la misma experta posteriormente preguntó “¿han informado a los funcionarios públicos y los propios políticos lo que son verdaderamente las medidas especiales temporales?, no hubo respuesta.
Contrastando el informe con el de las fuentes paralelas, la experta Isamat Jahan (Bangldesh) comento que el plan Casa Abrigo, cuenta con muy pocos recursos económicos, materiales, hay muy pocos refugios para las víctimas, incluso hay estados que no cuentan con ninguno. Así mismo, se le interpelo a Venezuela por el trato que reciben las mujeres que padecen las mismas situaciones pero son extranjeras sin regularización, a lo cual no hubo respuesta. Como tampoco las hubo, a las referidas a la inclusión de las mujeres indígenas en los planes que desarrollan, las medidas que estaban tomando para disminuir el alto índice de adolescentes que no van a la escuela, el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las prostitutas, como esta afectando a las mujeres el gravísimo nivel de violencia que vive el país y que estaban haciendo para disminuir los estereotipos sobre la comunidad lésbica, “ya que no se contemplan, no se mencionan en el informe y pareciese que no tuviesen derechos”, mencionó la experta brasileña Silvia Pimentel.
Esta última experta también preguntó sobre la situación actual de la jueza Lourdes Afiuni y mostró su preocupación por su testimonio, en el que afirmó haber sufrido abusos sexuales durante su encarcelación. Al respecto la delegación venezolana respondió que esos hechos no son verificables y que en ningún momento la jueza lo denuncio, pero como bien lo expresó la jueza (en un libro publicado que narra las circunstancias de su detención), no denunció por miedo a mayores represalias y porque no vio sentido denunciar al propio sistema que la encarcelo y permitió que abusaran de ella. Recordamos que Afiuni fue encarcelada junto a presas que ella misma había condenado. Y sobre la imposibilidad de demostrar los abusos sexuales, le decimos al gobierno que puede hacerse fácilmente por las pruebas físicas y psicologías que existen, de hecho, su salud se deterioró dramáticamente precisamente por las lesiones sufridas de los abusos. Hoy en día ella tiene una medida de casa por cárcel permanente, custodiada por militares, con prohibición de utilizar cualquier medio de comunicación, incluido facebook, twitter y dar entrevistas.
Siguiendo en el tema judicial, Pimentel señaló que la cuota de mujeres en el sistema judicial no son paritarias y recordó que las juezas o juezas deben ser profesionales que aprueban los exámenes respectivos y deben ser independientes, “por ejemplo en mi país y en muchos otros, se abren concursos públicos para poder ser jueza o juez y los postulantes deben cumplir un gran número de requerimientos y tener una larga trayectoria profesional”. En alusión directa a la manera en cómo se están escogiendo las juezas y jueces en Venezuela, a dedo, sin cumplir con requisitos mínimos y siendo militantes del partido del gobierno.
Respecto a las cuotas de participación de la mujer en la vida política, la ministra Andreina Tarazón indicó que estaban trabajando en aumentarlas y que el gobierno apuesta por incrementar la participación de las mujeres y la juventud, “yo misma soy un ejemplo de esa apuesta, con 26 años soy la ministra más joven en la historia del país”. Ante esto, solo podemos decirle a la ministra, que en un país donde los cargos ejecutivos, judiciales y legislativos son escogidos a dedo y en directo en alguna cadena nacional, como fue precisamente su caso, no tiene ningún mérito ser ministra a los 26 años. A estos cargos se debe llegar por experiencia, trayectoria y méritos o como mínimo, si se es muy joven, haber creado, implementado o contribuido en algún cambio importante en el sector que preside (que no es su caso), y no simplemente ser militante del partido que gobierna. Por lo tanto, este ejemplo no demuestra el compromiso del gobierno para mejorar la participación de las mujeres y apoyar a la juventud, lo que evidencia es la forma autoritaria en la que funciona.
Otra pregunta que realizó la experta Pimentel, en un tono de profunda preocupación fue: “¿hay posibilidades de que Venezuela retome la Convención de los Derechos Humanos de la OEA?” el Embajador Representante Permanente de la Misión en Ginebra, Jorge Valero, respondió “no, si quieren conocer los motivos podrán verlos en el portal de internet”. Lamentable respuesta, precisamente en un espacio de dialogo que busca que los estados demuestren su compromiso y voluntad política de respetar y promocionar los derechos humanos.
Durante toda la sesión destacó el vacío del discurso de Venezuela, la imposibilidad de justificar sus supuestos datos positivos con cifras solidas, verificables y ejemplos, pese a la insistencia de las expertas por obtener alguna respuesta coherente. Dejando en evidencia que el discurso y el informe no se corresponde con la realidad que viven las mujeres venezolanas, que el gobierno no entiende en que consisten las medidas especiales temporales para proteger a la mujer y que no pueden considerar políticas de eliminación de la discriminación de la mujer, a misiones, planes y proyectos que nos las prioriza, que no están adaptados a sus necesidades y que responden a políticas ideológicas. Otro aspecto que destacó, fue el fuerte culto a la personalidad del actual presidente de la república y del difunto Hugo Chávez, lo cual suele ser habitual en sus exposiciones, así como el tono de publicidad gubernamental, sin embargo, choca especialmente cuando estamos hablando de “los derechos de las mujeres”, de las acciones que el gobierno está haciendo para eliminar las lacras sociales, estructurales, culturales y universales que violentan a las mujeres, las invisivilizan y les quita la vida a muchas de ella.
Como todos los estados y sociedades del mundo, hay mucho trabajo por hacer para eliminar la discriminación hacia la mujer, sin embargo, es más esperanzador y realista ver informes y escuchar a estados, reconociendo sus fallos, retrasos, impedimentos y su disposición por aceptar las recomendaciones que las expertas le hacen, así como de intentar mejorar lo que hay y generar los cambios necesarios. Pero este no es el caso de Venezuela, todo lo contrario, la prepotencia de sus supuesto éxito y su actitud de superioridad, le impiden ver la realidad, aceptar criticas constructivas y ver algo tan sencillo como que este examen periódico fue reprobado, ronzando lo vergonzoso y la demostración de ello, son las declaraciones de Andreína Tarazón que apuntó de «exitosas las políticas implementadas por el Gobierno Bolivariano para el bienestar y respeto de los derechos humanos de todas las mujeres”. (http://www.minmujer.gob.ve/?q=noticias/andre%C3%ADna-taraz%C3%B3n-ante-la-cedaw-demostramos-la-voluntad-pol%C3%ADtica-del-estado-de-dar-poder-nuestras-mujeres).
Alianza por la Libertad de Venezuela 